On Monday, the Supreme Court issued a 6–3 decision from its “shadow docket” that reversed a lower-court injunction and gave federal immigration agents in Los Angeles the green light to resume stops based on four deeply troubling criteria:

• Apparent race or ethnicity
• Speaking Spanish or accented English
• Presence in a particular location
• Type of work

The case, Noem v. Vasquez Perdomo, is still working its way through the courts. But the message from this emergency ruling is unmistakable: the constitutional protections that once shielded immigrant communities from racial profiling are now conditional—and increasingly fragile.

Es incorrecto—inmoral y cívicamente ilegal—que ICE apunte a personas simplemente por hablar un idioma distinto al inglés. Sin embargo, eso es exactamente lo que permite la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso Noem v. Perdomo. Entre los cuatro factores que los agentes pueden usar para justificar detenciones migratorias en Los Ángeles se encuentra hablar español o inglés con acento—un precedente alarmante en un país donde el español es el segundo idioma más hablado, utilizado por más de 43% de los inmigrantes y casi 68 millones de personas en todo el país.

Seamos claros: esto no tiene que ver con la seguridad pública. Se trata de convertir el idioma en una herramienta de perfilamiento racial, origen y estatus migratorio percibido. Solo en el condado de Los Ángeles, más de 3.4 millones de residentes hablan español. No es una población marginada—es parte esencial del tejido cívico y cultural de la región. Tratar el español como sospechoso es criminalizar la identidad, la herencia y el sentido de pertenencia.

Como hijo de inmigrantes peruanos, crecí navegando entre dos mundos—traduciendo para mis padres, adaptándome en las aulas, y aprendiendo que el idioma podía ser tanto un puente como una barrera. Hoy, al criar a mis hijos junto a mi esposa Adriana, ciudadana naturalizada nacida en Colombia, les enseñamos a abrazar ambos idiomas. Pero ¿cómo explicarles que hablar español en público podría convertirlos en blanco de detención?

La ofensiva policial de la administración Trump comenzó en junio de 2025, con agentes del ICE realizando patrullajes itinerantes por el sur de California. Rápidamente surgieron demandas, citando más de 2300 detenciones —incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes legales— en lugares como estacionamientos de Home Depot, paradas de autobús y obras de construcción. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió una orden de restricción temporal en julio, prohibiendo al ICE usar la raza, el idioma, el tipo de trabajo o la ubicación como únicos factores para las detenciones. El Noveno Circuito la ratificó. Pero la orden sin firmar de la Corte Suprema ahora ha levantado esas protecciones.

La jueza Sotomayor, acompañada por los jueces Kagan y Jackson, calificó la decisión de "inadmisible irreconciliable con las garantías constitucionales de nuestra nación". Tiene razón. Este fallo no solo erosiona la Cuarta Enmienda, sino que también codifica la sospecha basada en la identidad. Les dice a millones de latinos, inmigrantes y trabajadores: su idioma, su trabajo, su color de piel y su ubicación son suficientes para convertirlos en blanco.

El caso podría regresar al Tribunal Supremo para una revisión completa. Pero el daño ya está hecho. Y si periodistas, defensores y líderes cívicos no se mantienen firmes, este se expandirá—primero por California, luego por todo el país.

Esta decisión no solo debilita las protecciones constitucionales—envía un mensaje de que la diversidad lingüística es una amenaza, no una fortaleza. Socava los ideales de una democracia pluralista. Les dice a millones de estadounidenses que sus voces—literalmente—no son bienvenidas.

Para familias como la mía, esto no es solo un cambio legal—es una ruptura cívica. Socava la confianza en las autoridades, desestabiliza comunidades y envía al país el mensaje de que los derechos constitucionales son negociables. Que el perfilamiento es política pública. Que la justicia es selectiva.

Estamos enseñando a nuestros hijos a sentirse orgullosos de su herencia, a hablar ambos idiomas, a conocer sus derechos. Pero también les estamos enseñando cómo mantenerse seguros en un país que cada vez más percibe su identidad como una amenaza.

Debemos rechazar la idea de que el inglés es el único idioma legítimo. Nuestra democracia es multilingüe. Nuestras comunidades son multilingües. Y nuestras leyes deben reflejar esa realidad—no castigarla.

¿Qué tipo de país somos cuando la sospecha se basa no en acciones, sino en rostros?

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Hugo Balta is the executive editor of the Fulcrum and the publisher of the Latino News Network. Balta is the only person to serve twice as president of the National Association of Hispanic Journalists (NAHJ).